El anteproyecto de Ley 192, que busca reducir la pena a los agresores sexuales de seis (6) a tres (3) años, enciende las alarmas y recibe rechazo rotundo en Panamá.

El pasado 25 de marzo de este año, el abogado Erik Barrios, presento por iniciativa ciudadana, dicho anteproyecto de Ley 601 “Que adopta reformas al Código Procesal Penal de la República de Panamá sobre la Libertad Individual”.

En su exposición de motivos, el jurista hace referencia a la cultura indígena, la cual, según él, permite que menores de edad puedan estar con mayores de 18 años, que ven normal.

Este polémica propuesta, de solo dos artículos, ha recibido duras críticas tanto por parte de juristas, diputados e incluso organizaciones como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

A través de un comunicado, la Senniaf, rechazo esta propuesta, la cual representa un claro retroceso en la normativa de Derechos Humanos (DDHH), normalizando las uniones y/o el matrimonio con personas menores de edad, lo que es considerado un abuso en contra de los niños, niñas y adolescentes.

Agrega la entidad pública que la rebaja de penas a los agresores sexuales, es una clara violación del derecho a las víctimas a que se empleen penas justas de acuerdo a los delitos cometidos en su contra.

“El matrimonio infantil representa una flagrante transgresión de los derechos humanos, vulnerando el derecho a la salud, educación, igualdad, no discriminación, y una vida libre de violencia y explotación, especialmente de niños y mujeres, el cual está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM) y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos”, dijo.’

25

de marzo fue presentado este proyecto en Asamblea como iniciativa ciudadana.

 

6

años es la pena mínima que paga una persona que comete algún tipo de delito sexual.

 

Añade la Senniaf que el anteproyecto de ley no ha sido admitido por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, por lo que hace un llamado a los diputados, a no admitir este proyecto nefasto, no solo en favor de las víctimas, sino de los niños, niñas y adolescentes del país.

En este sentido, la diputada Corina Cano, manifestó que dicho anteproyecto no está en agenda de la Asamblea y de estarlo recibiría un rechazo total.

Por su parte, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), comentó que esta propuesta es “descabellada”, ya que es como decir que los violadores no serán sancionados.

“La pena de 6 años, lo que hace es sacar de las calles a todo aquel enfermo que vea sus actos criminales como normales, y eso es intolerante y atenta contra el equilibrio social”, aseguró el letrado.

Expresó que las normas penales están compuestas por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que busca en el caso de la sanción evitar que el transgresor de la misma vuelva a cometer el delito. Siendo de allí que surgen los delincuentes primarios y los reincidentes a quienes en el último caso el juez aplica enérgicamente la sanción más alta en atención al acto que han realizado.

Resalta que leer propuestas de esta magnitud, lleva a pensar que la sociedad está enfrentando un profundo y grave deterioro de los valores y quienes deben llevar adelante nuestra protección como asociados, no se preocupan por que este se cumpla.

“Me pregunto, si el proponente de esta reforma pensaría de la misma manera si una persona cercana a él resultara víctima de un depredador sexual, y que producto de su iniciativa le otorgaran sanciones flexibles y cómodas donde pudieran ser reemplazadas y jamás pisar una celda por sus actos”, concluyó. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!