La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado ordenar la práctica de diligencias pendientes en la investigación contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores guineanos residentes en España, uno de los cuales falleció en circunstancias sin aclarar. El juez Santiago Pedraz, instructor del caso, se había negado a llevarlas a cabo invocando la falta de jurisdicción para seguir con el caso y acordó concluir el sumario sin procesar a ninguno de los investigados.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, firmado por María Teresa García, Fernando Andreu y Joaquín Delgado supone un nuevo varapalo contra Pedraz que cerró el caso la semana pasada cuando quedan numerosas pruebas pendientes de practicar, diligencias que él mismo había acordado, y sin recoger en su auto la existencia de este recurso de apelación pendiente de resolver.

El juez instructor dio carpetazo a su investigación insistiendo en el argumento de que es la justicia de Guinea Ecuatorial la competente para investigar los hechos, una tesis que ya le habían revocado los magistrados de la Sección Segunda con los que mantiene un pulso desde que comenzó esta investigación por delitos de terrorismo y lesa humanidad contra el hijo de Obiang, el ministro del Interior y el director general de Seguridad. Ahora, una vez que el órgano superior jerárquico lo obliga a practicar las diligencias pendientes a Pedraz le quedan dos salidas: revocar su auto de conclusión de sumario para cumplir el mandato de la Sala y poder practicarlas o esperar a que la Sección Tercera le devuelva el sumario, según señalan fuentes jurídicas.

La Sala de lo Penal ha apoyado hasta ahora todos los recursos de apelación y queja presentados por la representación de las víctimas y el fiscal Vicente González Mota. Y sus magistrados han revocado los autos de Pedraz. El último, al anular la decisión del juez de ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial y recordarle que, en todo caso, la única competente para adoptar esa decisión sería la propia Sala. En su auto, los tres magistrados reprochaban al instructor que “difícilmente se puede ceder algo de lo que se carece”, ya que la jurisdicción solo podría cederse en el marco de un tratado internacional que España no tiene con ese país.

Pero esta llamada de atención no frenó a Pedraz y, en su reciente auto de conclusión del sumario, mantuvo sus argumentos en favor de la jurisdicción de Guinea Ecuatorial, pese a la ausencia de garantías en un país cuya máxima autoridad judicial es el propio dictador, que es, además, el padre del principal investigado. La Corte Suprema de la antigua colonia española asegura que ha abierto una investigación por los mismos hechos y esgrime que la jurisdicción del caso corresponde a sus tribunales. Una treta que ya empleó sin éxito en el denominado juicio de los bienes mal adquiridos que llevó al banquillo de los acusados en Francia a Teodorín Obiang, vicepresidente del país y otro de los hijos del autócrata, por el que fue condenado en ausencia a tres años de cárcel por blanquear decenas de millones.

Pruebas pendientes de practicar

El auto de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso EL PAÍS, obliga a Pedraz a practicar numerosas diligencias pendientes. Entre otras, declaraciones de testigos protegidos y del exrelator de la ONU contra la tortura Manfred Novack, comisiones rogatorias a varios países, informes policiales sobre la identidad de los pilotos del avión presidencial de Obiang que se empleó presuntamente para trasladar desde Sudán del Sur a Malabo a los cuatro secuestrados, o el seguimiento sobre las cuentas millonarias de Carmelo Ovono Obiang en España. También, su conexión con los 17 detectives que espiaron en Madrid a los secuestrados. Y que fueron contratados por un alto cargo de la seguridad de Guinea Ecuatorial identificado por la Policía.

Pedraz se ha negado en varias ocasiones a dictar orden de búsqueda y captura contra los investigados y tuvo que ser la Sala de lo Penal la que obligara al juzgado a adoptar esa medida, una requisitoria vigente desde hace varias semanas. El juez renunció hace dos años a detener a Carmelo Ovono Obiang, principal investigado, cuando la Policía le informó de que se encontraba durmiendo en un hotel de Madrid. Dos semanas antes había dictado una resolución en la que pedía su detención y comparecencia en el juzgado de la Audiencia Nacional, así como la incautación de su teléfono móvil y dispositivos electrónicos. El magistrado no ha explicado en sus autos este cambio de actitud. La defensa de los tres investigados la ostenta Javier Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional y excompañero del instructor del caso.

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