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Falta de personal o de trabajadores con la titulación requerida, desatención a los residentes, deficiencias en las instalaciones o en la limpieza, incumplimientos de carácter formal… Son ejemplos de posibles infracciones –cuya gravedad depende del riesgo o perjuicio que pueda causar en los usuarios–, recogidos en la ‘Lei de servizos sociais de Galicia‘ y, si las anomalías detectadas no se corrigen, pueden suponer la apertura de un expediente sancionador al centro o servicio afectado, desde residencias a guarderías, pasando por ludotecas, casas nido, centros de día o el servicio de ayuda en el hogar.
En el caso de Galicia, los incumplimientos “más frecuentes” que detectan los servicios de inspección de la Consellería de Política Social durante su supervisión a este tipo de establecimientos son los relacionados con las deficiencias en las instalaciones, las irregularidades formales respecto a los registros y los relativos a las ratios de personal, según informan desde el departamento dirigido por Fabiola García.
Inspecciones al alza
El año pasado fue un ejercicio especialmente activo para la inspección de los servicios sociales. Las visitas de este personal supervisor en las diferentes áreas –familia y menores, mayores, discapacidad y dependencia y servicios comunitarios e inclusión social– fueron a más, hasta llegar a las 1.556. Son un 7 por ciento más que las realizadas en el año precedente, en 2022, y lo suficientemente numerosas como para alzarse como segunda cifra de inspecciones más elevada de la década.
Muchas de esas inspecciones vienen precedidas de denuncias. Uno de los objetivos que se fijaba el plan de inspección de servicios sociales diseñado por la Administración autonómica para 2023 era la tramitación del 100 por ciento de las “denuncias, quejas y reclamaciones recibidas, con la realización, si es el caso, de una visita de comprobación de los hechos denunciados y dando respuesta a las personas interesadas en todos los casos”.
Récord de denuncias
Trabajo en ese sentido no les ha faltado a los inspectores porque el número de reclamaciones recibidas por la Xunta volvió a marcar otro récord, después de haber registrado ya en 2022 otro tope. En concreto, la Consellería de Política Social informa de que recibió, bien de particulares o bien de entidades, un total de 658 quejas, a una media de una docena cada semana. Son un 17 por ciento más que durante el año anterior y un 38 por ciento más que durante 2020, cuando la irrupción de la pandemia puso el foco sobre las residencias de mayores. Para este ejercicio no especifica cuántas denuncias se corresponden con cada área, pero lo habitual es que la mayoría de las quejas se concentren en la de mayores, discapacidad y dependencia, como ocurría en 2022.
Irregularidades en servicios sociales de Galicia. / Hugo Barreiro
Desde la Xunta indican que, “en el caso de resultar procedente, los incumplimientos pueden dar lugar al inicio de un expediente sancionador” y especifican que a lo largo de 2023 se abrieron 99 expedientes de este tipo, que no tienen necesariamente que acabar en una sanción, aunque es habitual que así ocurra. Ese indicador, no obstante, muestra un descenso con respecto a los 150 incoados en 2022, cuando habían alcanzado el tope de los últimos diez años. Aun así, se trata de la tercera cifra más alta y casi cuadruplican los expedientes de 2020.
Política Social está ultimando el plan de inspección de servicios sociales de 2024. En el del año pasado puso el foco en los puntos de encuentro familiar, las casas nido o las casas del mayor, entre otras.
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