Cuando se habla de riqueza y fiscalidad, hay una máxima que habita en la mente del 60% de los españoles: la clase más adinerada y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, mientras que la clase trabajadora —tanto asalariada como autónoma— asume una carga mucho mayor en términos comparativos. Por contra, solo un 10% de la población considera que los tipos impositivos que se aplican a las grandes fortunas son excesivos, según un informe publicado este miércoles por Oxfam en el que se analizan las múltiples desigualdades que existen en el país.

En un contexto en el que la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos y la brecha salarial persiste (en 2023, el 20% más rico de España ingresaba 5,5 veces más que el 20% más pobre, según el INE), la percepción de la ciudadanía es que las rentas altas pagan menos impuestos de lo que les correspondería y que el Estado no hace una redistribución justa de esos ingresos. En concreto, siete de cada 10 encuestados consideran que el actual sistema fiscal no garantiza un reparto equitativo de los recursos. Esto significa que, con independencia de cuánto se recaude, el gasto público sigue sin conseguir una mejora en la calidad de vida de todos los colectivos, en particular de los más desfavorecidos.

Las dudas respecto al destino de los impuestos y su progresividad explican en gran parte que solo el 42% de la población en España esté dispuesta a pagar más a Hacienda si ello sirviese para reducir las desigualdades que aquejan al país. El consenso, en cualquier caso, es que ese esfuerzo debería ser asumido por los niveles socioeconómicos más favorecidos. Entre las demandas de la ciudadanía también están la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los ingresos medios y bajos, y el aumento de los impuestos a los gigantes corporativos y a las grandes fortunas. Además, los autónomos exigen una mayor equidad en el pago de tributos en función de las ganancias, pues perciben una ventaja fiscal desproporcionada a favor de las grandes empresas.

A pesar de las múltiples objeciones al actual sistema tributario, solo dos de cada 10 personas creen que aplicar una mayor progresividad sería una medida útil para luchar contra la desigualdad en España. En cambio, la reclamación más escuchada —por el 54% de los encuestados— es que el Gobierno garantice un empleo de calidad, aumente el Salario Mínimo Interprofesional, tenga un mayor control de las horas sobre los contratos y haya más inspecciones de trabajo. La reivindicación no es ni mucho menos aislada, pues los datos de Oxfam arrojan que, con independencia de los buenos resultados de la Encuesta de Población Activa desde la reforma laboral, hay una insatisfacción bastante generalizada en materia de ocupación —casi el 40% de la muestra—.

El descontento de la clase trabajadora tiene un culpable muy claro: los salarios, cuyo crecimiento no acompaña el encarecimiento del coste de la vida. Esta disparidad hace que seis de cada 10 españoles declaren necesitar un segundo trabajo por razones económicas, aunque no todos lo tengan. Es decir, que menos de la mitad de la población puede afrontar sus gastos sin ser pluriempleado, según el sondeo realizado a 4.102 personas en todo el país durante el verano del año pasado.

Cambios en el sistema tributario

La filosofía del sistema tributario español descansa sobre el concepto de la progresividad. Sin embargo, distintos análisis apuntan a que el tipo impositivo medio que soportan los hogares más ricos del país está muy por debajo de lo que en teoría les correspondería. En concreto, el 1% más acaudalado tributa sobre toda su renta de forma efectiva a un gravamen inferior al del resto de contribuyentes, incluyendo a aquellos que conforman el 20% más pobre, según un estudio publicado en febrero de este año por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Esto se explica por la falta de progresividad de los impuestos indirectos —como es el caso del IVA—, que penalizan más a las rentas bajas. También por los menores tipos impositivos que soportan en el IRPF las plusvalías, los dividendos y otros rendimientos de capital mobiliario, que son una de las fuentes de ingresos principales de las rentas altas.

Más allá de este estudio, existe cierto consenso en la necesidad de remodelar en profundidad la imposición sobre la riqueza —así se refleja en el Libro Blanco para la reforma fiscal—. En ese sentido, el último informe de Oxfam insiste en que sin una reforma tributaria, España no podrá desplegar mejores políticas públicas para combatir la desigualdad. Se trata de un tema caliente, marcado por la urgencia de la Administración por recaudar más para hacer frente a la enorme deuda acumulada con la pandemia, a la transición ecológica y al envejecimiento de la población.

Desde Oxfam piden que los impuestos temporales a los beneficios de la banca y las eléctricas se hagan permanentes, y se acometa una “profunda reforma del impuesto de sociedades, en particular de las grandes empresas internacionales”. También consideran necesaria una modificación del impuesto al patrimonio, mejorar la progresividad en el IRPF, y un marco de armonización fiscal de la Unión Europeo “que evite la competencia desleal y actualice el listado de guaridas fiscales”. Según el texto, es urgente impulsar una reforma “justa que garantice la sostenibilidad de las arcas públicas en el nuevo contexto de disciplina fiscal europea”.

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