Protestas callejeras contra el contrato firmado por el gobierno panameño con la minera canadiense First Quantum, el 20 de noviembre de 2023 en Ciudad de Panamá / AFP.
“Para que la empresa mantenga el cumplimiento y evite daños ambientales, el camino de acceso a la mina y el puerto internacional (Punta Rincón) deben ser despejados con carácter de urgencia”, dijo la minera en un comunicado.
“La empresa solicita asistencia a las autoridades, de conformidad con las normas nacionales y los tratados internacionales, para permitir que la empresa cumpla con la solicitud” del ministerio de Comercio e Industrias para mantener “la seguridad de las instalaciones y evitar daños ambientales”.
El 28 de noviembre, la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el contrato del gobierno con la compañía, que le permitía explotar la mina por 20 años prorrogables, lo que puso fin a más de un mes de protestas.
Sin embargo, la compañía dijo que los bloqueos de las carreteras de acceso a la mina han continuado tras el fin de las protestas, y han impedido “la entrega de equipos e insumos necesarios para mantener la estabilidad ambiental del sitio, cuyas labores operacionales productivas han cesado”.
“Sin estos suministros, la gestión ambiental del sitio pronto se volverá cada vez más difícil y podría ocasionar efectos ambientales potencialmente significativos”, advirtió.
El miércoles, el ministerio instó a la empresa a “finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización, así como las actividades mineras en general” y recomendó tomar medidas para evitar la contaminación.
La empresa anunció el viernes que inició el trámite para dar por terminados los contratos de más de 4.000 trabajadores. Hace una semana ya había anunciado la suspensión de los contratos de sus 7.000 empleados.
No obstante, se mantendrán algunos puestos de trabajo para garantizar “la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales dentro de la zona minera”.
First Quantum inició un proceso arbitral internacional en Miami (EEUU) en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Si el país centroamericano pierde el arbitraje posiblemente tendrá que pagar indemnizaciones multimillonarias.
La mina producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB del país. Además de sus 7.000 trabajadores directos, tenía unos 33.000 indirectos.
El contrato con la minera fue declarado inconstitucional tras multitudinarias protestas que duraron más de un mes, convocadas por maestros, obreros y ambientalistas, que sostienen que la mina daña severamente el medioambiente.