“Ellos vigilaban y contaban la cantidad” extraída por cada indígena de los árboles de caucho, y “si no sacaba la cantidad (ordenada) lo castigaban, le cortaban el brazo, lo amarraban al sol, lo colgaban, lo golpeaban”, relata. La Chorrera es como una isla en medio del mar verde de la espesa selva amazónica, bañada en ese punto por el río Igaraparaná, de donde sus habitantes sacan el pescado que es básico en su alimentación junto con la yuca, con la que elaboran el casabe.

“Somos cuatro pueblos hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Vivimos de la pesca, la caza, la artesanía y de la cultura propia; de la lengua, de la vestimenta y los ‘compartires’ del tabaco, la coca y la medicina tradicional”, explicó José Pablo Neikase Ranoque, del pueblo okaina. Neikase afirma que “hay muchas historias conmovedoras que no se encuentran ni en el Libro azul (publicado en 1918), ni en el libro Putumayo: caucho y sangre”, el informe presentado en 1911 al Parlamento británico por el cónsul inglés de la época en Río de Janeiro, el irlandés Roger Cassement, tras visitar el área entre los ríos Putumayo y Caquetá. 

“Los abuelos, nuestras mamás que padecieron esa masacre, esa barbarie, nos cuentan todas las historias, los relatos de generación en generación”, afirma. Por eso asegura que es hora de que el Gobierno vuelva los ojos hacia ellos, algo que reclamaron esta semana durante una visita a La Chorrera del ministro de Cultura, Juan David Correa, para conmemorar los 36 años de la creación del resguardo y el centenario de la publicación de La vorágine, novela de José Eustasio Rivera que relata las crueldades de la Casa Arana. 

“Nosotros lo que queremos es que el Gobierno, tanto colombiano como los que tuvieron que ver con la cauchería, como es Inglaterra (…), nos garanticen el mejor vivir (…) con protección de la cultura, con salvaguarda de nuestros orígenes y nuestra naturaleza”, afirma.

La Chorrera, donde habitan unos 3.800 indígenas, de los cuales más de la mitad vive selva adentro, es un caserío pobre y abandonado, sin servicios básicos, sin internet ni telefonía. El acceso es por vía aérea, con un vuelo desde Leticia, operado cada quince días por la estatal Satena o con Aero Amazonas Express, empresas que, además, transportan prácticamente todo lo que se consume o utiliza en el caserío. “El Gobierno Nacional debe mirar hacia estos territorios abandonados, como La Chorrera, donde necesitamos infraestructura educativa porque los niños no tienen condiciones para estudiar”, dado el precario estado de los dos establecimientos de enseñanza, dijo la congresista amazonense Karina Bocanegra.

Por eso propone proyectos productivos para fortalecer la cadena alimenticia, como criaderos de gallinas ponedoras, para que las familias tengan huevos para su consumo porque “hay niños desnutridos y no podemos ser ajenos a eso”.