Rishi Sunak ha apostado su futuro político, por mucho que las encuestas lo dibujen breve y sombrío, al plan de deportaciones a Ruanda. El primer ministro prometió que los primeros vuelos con inmigrantes irregulares destinados a ese país africano despegarían en primavera. No ha conseguido cumplir ese plazo, pero Sunak ha logrado doblegar, después una larga jornada de tira y afloja, la resistencia de un grupo de lores en la Cámara Alta del Parlamento. La Rwanda Safety Bill (algo así como Ley para Proclamar Ruanda un País Seguro), el texto por el que se cercena prácticamente la posibilidad de que una persona recurra su deportación ante la justicia británica, quedaba aprobado finalmente en la madrugada de este martes.

“Puedo confirmar que ya tenemos preparado un aeropuerto, y hemos reservado vuelos comerciales chárter con horarios comprometidos. Hemos entrenado a 500 personas para acompañar a los inmigrantes ilegales [sic] hasta Ruanda, e incorporaremos otras 300 en las próximas semanas”, anunciaba Sunak horas antes de que el Parlamento diera finalmente luz verde a la ley, pero dispuesto ya a aplicar toda la presión necesaria sobre diputados y lores hasta que saliera adelante el texto. “El primer vuelo despegará dentro de 10 o 12 semanas. Algo más tarde de lo que queríamos, pero siempre dejamos claro que este procedimiento llevaría su tiempo”, admitía el primer ministro. Si se sale con la suya, las deportaciones comenzarán el próximo julio.

El “ping-pong” parlamentario

Lo ocurrido este lunes en el Parlamento británico tiene un nombre en la jerga política británica: “ping-pong parlamentario”. La Cámara de los Lores enviaba sus enmiendas de la ley a la Cámara de las Comunes, que procedía a devolvérselas sin tomarlas en consideración. Hasta cuatro viajes de ida y vuelta. Así hasta que alguien cediera.

El laborista Desmond Browne, que fue ministro de Defensa en el Gobierno de Tony Blair, había reclamado que todos aquellos afganos que colaboraron con las fuerzas británicas durante la última invasión de aquel país queden excluidos de las posibles deportaciones. El independiente David Anderson había logrado forjar una coalición de lores que reclamaba que la comisión independiente contemplada en la ley confirmara que Ruanda es realmente un país seguro, al que pueda delegarse la gestión de los inmigrantes irregulares, y que el ministro del Interior lo comunicara así al Parlamento antes de que el texto entrara en vigor.

Dos son las razones, o movimientos, por los que el bloqueo se ha levantado finalmente. En primer lugar, Sunak ha entendido que tenía que ofrecer alguna concesión. Andrew Sharpe, el miembro de la Cámara de los Lores que ha representado al Gobierno en el debate, prometía finalmente que el Ministerio de Defensa revisaría los requisitos para ser deportado, con el objetivo de que ningún afgano veterano y colaborador de las fuerzas británicas pudiera entrar en esa lista. “No entraré en una discusión semántica. Se trata sencillamente de la decisión correcta”, admitía Sharpe.

En segundo lugar, como en otras ocasiones, la Cámara Alta ha entendido que no podía recaer sobre ella la responsabilidad final de frenar un texto legal que contaba con el respaldo mayoritario de la Cámara de los Comunes, el principal cuerpo legislativo del Reino Unido. Por eso la segunda de las enmiendas, la que exigía una última confirmación sobre la seguridad de Ruanda -la que los lores más se habían resistido a retirar- ha desaparecido del debate ya de madrugada. “Es hora de que esta cámara reconozca la supremacía de la Cámara de los Comunes”, reconocía el principal proponente de la moción, Lord Anderson. “Les aseguro que esta ley es profundamente moral y patriota e intenta defender las fronteras de nuestro país”, aseguraba Sharpe en nombre del Gobierno, en los últimos minutos de debate, en un intento de imponer algo de conciliación en una discusión que había sido larga y agria por momentos.

Al retirar la Cámara Alta la última de sus enmiendas, el texto quedaba aprobado.

Sunak había culpado indirectamente por la mañana a los lores de bloquear una ley respaldada por la mayoría del electorado conservador. “Durante casi dos años, nuestros rivales han intentado usar todos los trucos posibles para bloquear los vuelos [a Ruanda] y permitir que los botes [con inmigrantes irregulares] siguieran llegando a nuestras costas. Se acabó. No más engaños. No más retrasos. El Parlamento se reunirá hoy y votará sobre este asunto, sea lo tarde que sea. Se acabaron los peros. Estos aviones partirán hacia Ruanda”, había advertido el primer ministro.

Sunak vinculó el éxito de su mandato, a los pocos días de entrar en Downing Street, con la promesa de poner freno a la inmigración irregular. El eslogan Stop the boats (Detengamos los botes, en referencia a las embarcaciones con personas que intentaban cruzar el canal de la Mancha) presidía cada comparecencia del primer ministro para abordar un asunto que, según todos los sondeos, se había convertido en una obsesión de los votantes conservadores.

En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspendió en el último minuto el primer vuelo destinado a Ruanda, al que apenas habían embarcado media docena de personas después de una avalancha de recursos que dejó en tierra a muchos de los inmigrantes que el Gobierno británico pretendía deportar.

Poco después, fueron los propios tribunales del Reino Unido —un tribunal de apelación, primero, y finalmente el Supremo— los que declararon ilegal un plan que planteaba muchas incertidumbres respecto a la seguridad de los deportados.

Presionado por el ala dura de su partido, que reclamaba incluso al Gobierno que ignorara la Convención Europea de Derechos Humanos en materia de inmigración, Sunak sacó de la chistera un nuevo texto legal, la llamada Rwanda Safety Bill (Ley para Proclamar Ruanda un País Seguro). Además de proclamar legalmente, con un tono voluntarista, que Ruanda es un lugar seguro, para calmar así las posibles dudas de los jueces, el Gobierno británico cortaba en seco cualquier posibilidad de que los inmigrantes irregulares que fueran a ser deportados pudieran recurrir la decisión ante la justicia. Solo aquellos que se enfrentaran a un “riesgo real, inminente y probable de sufrir un daño grave e irreversible”, que padecieran unas dolencias graves, físicas o mentales, que hubieran sido víctimas de torturas o que tuvieran tendencias suicidas, podían ser excluidos.

Sunak necesitaba desesperadamente la victoria parlamentaria que ha logrado. El 2 de mayo se celebran elecciones municipales por toda Inglaterra. Los sondeos vaticinan un nuevo descalabro de los tories, que podrían llegar a perder hasta 500 representantes locales.

Aunque el primer ministro ha reiterado su voluntad de que no haya elecciones generales hasta el próximo otoño, una derrota superior a la prevista encendería los ánimos internos en el Partido Conservador. La idea de tener que afrontar una nueva moción de censura en el grupo parlamentario, como las que derrotaron a Theresa May, Boris Johnson o Liz Truss, podría fácilmente llevar al primer ministro a la decisión de convocar por adelantado las urnas.

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