La neutralidad en la Red vuelve a Estados Unidos siete años después. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves la aprobación de una nueva regulación de internet que pretende garantizar que la Red “sea rápida, abierta y justa”. Lo cierto es que los peores presagios que se auguraron en 2017, cuando se suprimió ese principio sobre una internet discriminatoria para ricos y para pobres, o incluso sobre el fin de internet tal y como se conocía, nunca llegaron a cumplirse. Ahora, además de la neutralidad, llega una nueva regulación de internet como servicio esencial.

Al igual que la propuesta sometida a consulta, la votación definitiva ha salido adelante por un resultado de tres votos a dos, con apoyo demócrata y oposición republicana.

La neutralidad en la Red impide a los operadores de banda ancha fija y móvil bloquear contenidos o discriminar en la velocidad de acceso a los mismos. La FCC blindó el principio de neutralidad en la Red en 2015, durante la presidencia de Barack Obama. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el dominio republicano del consejo de la FCC, el regulador decidió eliminarla en 2017. Los efectos han sido limitados. Ya hubo entonces expertos que señalaron con las predicciones apocalípticas eran algo exageradas.

Por eso, hay dudas también sobre los efectos prácticos de recuperar ese principio. Quizá lo que más ha molestado a las operadoras de telecomunicaciones es que se las somete a una supervisión y regulación más estricta.

“Con su actuación de hoy, la Comisión crea una norma nacional que le permite garantizar que el servicio de Internet de banda ancha sea tratado como un servicio esencial”, ha indicado la FCC en el comunicado en que ha anunciado su decisión. “La votación de hoy también deja claro que la Comisión ejercerá su autoridad sobre la banda ancha de una manera estrictamente adaptada —sin regulación de tarifas, tarificación o desagregación— para fomentar la innovación y la inversión continuas”, ha añadido.

Con la votación de este jueves y la entrada en vigor de la nueva regulación, la FCC asegura que logra herramientas esenciales para proteger la Internet abierta. Los proveedores de servicios de Internet volverán a tener prohibido expresamente bloquear contenidos legales a los proveedores de servicios de internet, estrangular velocidades y crear carriles rápidos que favorezcan a quienes puedan pagar por el acceso.

Seguridad nacional

La norma, según el regulador, servirá también para salvaguardar la seguridad nacional. La Comisión tendrá la capacidad de revocar las autorizaciones de las entidades de propiedad extranjera que supongan una amenaza para la seguridad nacional para operar redes de banda ancha en Estados Unidos. La FCC ha ejercido previamente esa autoridad para revocar las autorizaciones operativas de cuatro operadores chinos de propiedad estatal para proporcionar servicios de voz en Estados Unidos. Ahora, cualquier proveedor sin autorización equivalente para servicios de voz también debe cesar cualquier operación de servicio de banda ancha fija o móvil en el país.

La FCC también estrechará la supervisión de las interrupciones del servicio de Internet con la nueva norma. “Cuando los trabajadores no pueden teletrabajar, los estudiantes no pueden estudiar o las empresas no pueden comercializar sus productos porque su servicio de Internet no funciona, la FCC puede ahora desempeñar un papel activo”, afirma el organismo federal.

“El acceso a internet de banda ancha es una vía de comunicación de importancia fundamental y es esencial para la vida moderna”, ha dicho la comisionada Anna Gomez, una de las que ha votado a favor, agregando: “Proteger esta infraestructura que es esencial para la seguridad, la economía, la salud, la educación y el bienestar de nuestro país es una buena política pública. Su valor es de tal relevancia que debemos protegerla antes de que sea demasiado tarde”.

La presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, nombrada por el presidente Joe Biden, defendió hace unos meses en un discurso en Washington que la pandemia dejó muy claro que la banda ancha no es un lujo, sino una necesidad y que, en su opinión, necesita una regulación y supervisión más estricta.

En cambio, el secretario general de la FCC, Brendan Barr, nombrado por los republicanos, ha sido muy crítico con la regulación en un comunicado difundido en paralelo al de la mayoría. “Internet ha prosperado en Estados Unidos en ausencia de la regulación de mando y control de los años 30 por parte del Gobierno. De hecho, desde el principio se llegó al consenso bipartidista de que el gobierno no debía regular Internet como el monopolio telefónico”, dice en un extenso comunicado en que cuestiona el modo en que se aprobó originalmente la regulación en la era Obama y ataca a la recuperación de la misma.

Denuncia que en 2017 “los partidarios de un mayor control gubernamental inundaron la zona con una retórica apocalíptica”. “Los medios de comunicación y los políticos repitieron como loros sin sentido sus afirmaciones. Predijeron ‘el fin de Internet tal y como lo conocemos’. Los consumidores tendrían que pagar para acceder a los sitios web. Nada de eso ocurrió. Los estadounidenses fueron objeto de uno de los mayores engaños de la historia de la regulación”, añade, antes de arremeter contra las grandes tecnológicas.

“La orden de hoy no trata de corregir un fallo del mercado. El acceso a la banda ancha es más dinámico y competitivo que nunca, independientemente de cómo se analicen los datos. Los estadounidenses se benefician de precios más bajos, velocidades más rápidas, una cobertura más amplia y profunda, una mayor competencia y una aceleración de la construcción de Internet”, añade Barr, que augura una menor inversión como consecuencia del intervencionismo de la norma.

Para los usuarios ya hay diferentes tarifas de acceso en función de velocidad de descarga, límite de datos y otros factores. Lo que plantea el concepto de la neutralidad en la Red es si los proveedores de banda anda pueden discriminar los contenidos de plataformas como Netflix o Youtube o exigirles el pago a cambio de un acceso de calidad a sus contenidos, que consumen gran parte de la capacidad de la red. Es una batalla tradicional de las operadoras, que se quejan de tener que acometer las inversiones en red de las que se aprovechan esos servicios de transmisión libre (conocidos como OTT, over the top). En la práctica, para el usuario de a pie, no se ha apreciado cambio alguno. Las operadoras no podían arriesgarse a discriminar a esos contenidos sin vulnerar las leyes de competencia.

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