La Junta Electoral Central ha decidido considerar no válidos los votos por correo que se puedan encontrar en estos días por parte de los carteros de Melilla en los buzones ordinarios porque no están certificados, como se requiere para este procedimiento excepcional del voto. La Junta Electoral de Zona de Melilla dirigió el pasado martes una consulta sobre qué hacer con esos sobres dirigidos a las mesas electorales si aparecían en los buzones de correspondencia ordinaria, como ha sucedido alguna vez en el pasado, y sobre los que Correos tampoco tenía muy claro su utilidad. La JEC ha ratificado en su sesión de este jueves que esos votos por correo tendrían que ser depositados ahora en la Junta Electoral de Zona de Melilla para su custodia, y no en ninguna mesa electoral, y que no serían válidos. La Delegación del Gobierno confirma que por ahora no se ha encontrado ningún voto por correo en el servicio ordinario.
La dirección nacional de Correos formuló la primera consulta a la Junta Electoral de Zona de Melilla tras observar que en uno de sus acuerdos proponían devolver los sobres depositados en los buzones siempre al remitente, porque entendían que podría vulnerarse la doctrina de la propia Junta Electoral Central en ese sentido y porque en la mayoría de los casos esos sobres no contenían ningún remitente. La Junta Electoral de Zona planteó que la mejor solución pasaba porque se les enviaran esos sobres a ellos, en vez de a las mesas electorales, para evitar confusiones y para mantenerlos en custodia, sobre todo aquellos que fueran localizados a partir del día 24 de mayo, por la falta material de tiempo para devolverlos en el caso de que eso fuera posible. Y es lo que ha acordado la JEC finalmente.
Correos preguntó sobre esa situación a la Junta Electoral de Zona de Melilla, tras constatar la preocupación expresada desde fuentes cercanas al PP sobre este problema, y su presidente elaboró un informe en el que señalaba: “Los sobres que aparezcan ajustados al modelo oficial que aparezcan depositados en buzones como correspondencia ordinaria a partir del día 24 de mayo de 2023 serán devueltos en todo caso a los electores para que estos procedan a su remisión personal en la oficina de Correos dentro del plazo previsto”.
El informe de la Junta Electoral de Zona ponía de manifiesto el contexto de polémica y escándalo que se vive estos días en Melilla tras el irregular incremento de solicitudes de voto por correo (un 20,81% del censo) y el escaso número de electores que el día 23 de mayo habían depositado su voto en las oficinas de Correos (solo un 16,32% del total de solicitantes de voto por correo).;
La Ley Electoral General remacha en su artículo 73 que “los sobres que contienen el voto por correo deben remitirse por correo certificado y el servicio de Correos conservará esta documentación hasta el día de la votación, en que deberá trasladarlo a las correspondientes mesas electorales”.
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La Junta Electoral Central ha concluido en su sesión de este jueves, en el límite precisamente de la certificación legal del voto por correo, que ese artículo ratifica, por tanto, que “no será válido el voto por correo que no se remita por correo certificado”, como sucede en estos casos. La JEC remacha que “los sobres conteniendo el voto por correspondencia que aparezcan depositados como correo ordinario en los buzones deben ser remitidos por el servicio de Correos a las mesas electorales o, en su caso, a las juntas electorales constituidas en mesa electoral, salvo que por razón de la fecha y siempre que el remitente sea conocido, sea posible que los mismos sean remitidos de nuevo a los electores para que efectúen su remisión por correo certificado”.
La JEC ha tenido en cuenta que en el pasado, ante casos aislados similares, sí se ha permitido devolver esos votos por correos enviados por correo ordinario cuando contenían algún remitente conocido o localizable, pero que en este caso, en el contexto de lo sucedido en Melilla y ante el poco tiempo que queda para las elecciones y el escrutinio, no procedía esa actuación por parte de Correos.
Correos, por su parte, solo apuntó que esa empresa pública está siempre a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que mientras estuvieran abiertas las actuaciones e investigaciones judiciales no podría facilitar ninguna información al respecto.
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